El Gobierno firmó la “letra chica” del acuerdo de intercambio de información automática con Estados Unidos. Casi seis meses después de que la Argentina haya logrado suscribirse al Acuerdo FATCA, hoy terminaron por establecerse las normas y procedimientos a través de un acuerdo de autoridad competente, entre las que se incluyen previsiones en materia de confidencialidad de datos.

Luego de años de conversaciones, en diciembre pasado el Gobierno llegó a un acuerdo para que Estados Unidos envíe una vez al año cierta información sobre las cuentas bancarias que los argentinos hayan abierto en el país del norte, y viceversa. Según estimaciones del Ejecutivo, allí se encontrarían refugiados alrededor de US$100.000 millones sin declarar.

Revuelo entre exportadores por una norma que les dificulta el acceso a dólares

En ese contexto, hoy se establecieron los formatos en los que los datos deberán ser intercambiados, los plazos y los métodos de transmisión, la obligación de notificar si el procesamiento fue exitoso o fallido, además de las previsiones en materia de confidencialidad de datos, entre otras cuestiones. El documento lleva la firma de Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y Holly Paz, la autoridad del Internal Revenue Service (IRS).

“Este nuevo acuerdo se refiere a cuestiones prácticas, es decir, a procedimientos vinculados con la manera en que debería realizarse el intercambio de información. No se menciona nada de la aprobación del IRS de las condiciones de seguridad que ofrece la AFIP para que proceda el intercambio, aunque se comenta que esta condición ya estaría cumplida. Probablemente, desde la AFIP se esté aprovechando este anuncio -con un halo de misterio- para impulsar alguna adhesión al plan de pagos hace poco aprobado por la AFIP”, dijo Diego Fraga, socio de Expansion Business.

Para el tributarista César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Asociados, lo más destacable del documento que se conoció hoy fue el acuerdo de confidencialidad. Al ser información sensible, Estados Unidos pone el énfasis en la necesidad de que los datos que lleguen a la Argentina sean de uso exclusivo de la AFIP y los tribunales competentes. En caso de que se repita lo mismo que en el sinceramiento fiscal de 2017, cuando los documentos se filtraron a la prensa local, el intercambio podría caerse.

“Cualquier otro destino necesita la aprobación de la IRS. El código de impuestos internos de Estados Unidos determina que si una administración tributaria no cumple con los requisitos de confiabilidad, se suspende el intercambio. Ocurrió con México. Es un tema importante a tener cuenta, considerando que en la Argentina ya hubo una fuga de datos por falta de seguridad informática. Y, sobre todo, explica por qué Estados Unidos demoró tantos años en avanzar en este acuerdo”, agregó Litvin.

Diana Mondino y Javier Milei: quién es la economista elegida por el libertario

Por lo pronto, los primeros datos llegarán a la Argentina en septiembre del año entrante. Aunque serán menos jugosos para la AFIP que el acuerdo OCDE, el intercambio automático de información tributaria que fue firmado por 108 países, ya que no contempla a beneficiarios fiscales. Únicamente se reportarán titulares de cuentas y los lucros que se obtuvieron en el territorio americano por más de US$10, como dividendos de aciones y bonos del Tesoro americano. No se darán a conocer, por ejemplo, los saldos de las cuentas financieras.

“La información que llegará es bastante limitada. En este sentido, será bastante difícil para la AFIP poder acceder a la información de evasores que tengan sus activos financieros a través de sociedades o estructuras, ya que el acuerdo no contempla el envío de datos de sus beneficiarios finales. Esto podría cambiar en el futuro, pero, hasta ahora, ningún acuerdo intergubernamental recíproco suscripto por Estados Unidos contempla el envío de tales datos”, explicó Fraga.

La única manera en que la administración tributaria podría recabar más información es poner en funcionamiento el Tax Information Exchange Agreements, firmado el 23 de diciembre de 2016. Se trata de un intercambio a requerimiento, donde la AFIP debe tener sospechas sobre un contribuyente en específico para poder solicitarle información en detalle a los Estados Unidos, según recordó Litvin. Por ejemplo, en caso de que lleguen datos sobre un argentino que obtuvo renta en Estados Unidos, pero que, aun así, se niegue a declararlo.

“Por lo pronto, las noticias que llegan no modifican el cronograma del cual se viene hablando desde hace unos meses. Con el foco puesto en 2024, es altamente probable que quienes no tuviesen cuentas declaradas aguarden a un blanqueo o amnistía fiscal del próximo gobierno, con condiciones más beneficiosas, tales como condonación de multas, de intereses y planes de pago con plazos extensos y a una tasa de interés razonable”, indicó Fraga.

Massa y Máximo buscan recursos en un país que necesita lavarse la cara

Dos semanas atrás, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para llevar a cabo un nuevo blanqueo de capitales para personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Una iniciativa del ministro de Economía, Sergio Massa, que busca acompañar el acuerdo de información que se firmó con Estados Unidos.

“Durante el blanqueo de la era Macri, se ha puesto en conocimiento del fisco la gran cantidad de inversiones que había en el exterior. Sin embargo, muchos contribuyentes con fondos depositados en Estados Unidos consideraron que, como la AFIP solo podía obtener esa información a través de un requerimiento, no iban a poder ser detectados. Ahora, a raíz de este nuevo acuerdo, eso podría cambiar. La evasión en la Argentina tiene un nivel porcentual elevadísimo, arriba del 50% del total de la economía. Es importantísima combatirla, pero los blanqueos, de alguna manera, terminan incentivando una vez más la evasión. Habría que rever el régimen tributario, ya que el país tiene la presión fiscal más alta del mundo, demostrado por el propio Banco Mundial”, cerró Santiago Sáenz Valiente, socio fundador SSV y Asoc.