En una investigación contra reloj, la Policía Nacional de España arrestó a un argentino de 56 años en el aeropuerto internacional de Barajas. El motivo: su exesposa descubrió que el hombre había viajado a Madrid para concretar, de una vez por todas, las múltiples amenazas contra ella, sus hijos y su nueva pareja, una historia de tormentos de más de veinte años, según denunció en ambos países, que la hizo autoexiliarse en el Viejo Continente para empezar de nuevo con su vida.

Alejandra vive en las afueras de Madrid. La semana pasada, cuando regresó a su casa, encontró un celular en la cochera individual. El teléfono tenía cinta adhesiva. Estaba con la batería a la mitad. Primero le pareció extraño. Después comprendió: alguien lo había pegado debajo del auto para monitorear sus movimientos a través del GPS del aparato. Ese alguien, denunciaría inmediatamente en la comisaría, podría ser su exmarido.

Según informaron fuentes de la investigación al portal especializado en noticias judiciales Encripdata, los detectives confirmaron que un tal Carlos Marcelo Di Stefano había dado de alta la tarjeta prepago del celular. Este hombre no era otro que su expareja.

Efectivamente, le estaba siguiendo los pasos: como el GPS marcaba que el teléfono estaba en la comisaría, Di Stefano, que tenía vuelo de regreso para el 30 de mayo, se apuró a comprar otro pasaje para volver ese mismo día a la Argentina.

Los policías se lo impidieron. Una vez detenido, el acusado negó todo e intentó dar vuelta los hechos: declaró que viajó a Madrid para retomar el vínculo con sus hijos, pero que su exesposa siempre quiso apartarlo de ellos.

Según los registros, Di Stefano ingresó a España el 24 de abril, vivió los primeros tres días en un hostal de la capital, luego alquiló un auto y viajó al barrio de Alejandra, y durmió las siguientes noches en el vehículo. Para los detectives no hubo dudas: estuvo al acecho. Y advirtieron que la vida de Alejandra corría “riesgo extremo”.

En la resolución, la jueza española que tomó el caso concluyó que existían “indicios racionales de criminalidad suficientemente importantes frente a Di Stefano por un presunto delito de 172 ter del Código Penal. El objetivo de Di Stefano era conocer los lugares frecuentados por Alejandra y su familia, tenerlos controlados, y para ello colocó un dispositivo móvil en los bajos del vehículo, siendo que no puede descartarse su intención de atentar contra ella”.

Y subrayó: “Alejandra está atemorizada, salió de su país para encontrarse a salvo y ahora que ha sabido que él está en España su intranquilidad es constante».

En consecuencia, la magistrada ordenó “la prohibición de aproximarse a Alejandra y sus hijos menores de edad en un radio menor a mil metros así como en la misma distancia a su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier lugar en el que esta se encuentre o frecuente y la prohibición de comunicación con estas personas por cualquier medio, ya sea escrito, verbal o telemático” y “la prohibición de entrada y permanencia en Pozuelos de Alarcón”, donde vive la denunciante con la familia.

Para garantizar la integridad física de Alejandra y la familia, la jueza dispuso que a Di Stefano le colocaran una pulsera electrónica.

Pero esta no fue la primera vez que el hombre intentó atacarla.

Allá por 2011, recién divorciados, Di Stefano se apareció en la casa de su exsuegra y la amenazó con un arma de fuego, pero como no consiguió ver a su exesposa y a los hijos, se cortó un dedo y con su sangre escribió en la pared una palabra denigrante.

Por ese hecho, la Justicia lo condenó a un año y siete meses de prisión en suspenso y a tres años de restricción para contactarse con el núcleo familiar. Alejandra contó entonces con el patrocinio del abogado Jorge Cancio. Pero como Di Stefano no cumplió la prohibición, el tribunal le aumentó la pena dos meses.

En total, Alejandra radicó 30 denuncias por malos tratos y obtuvo doce órdenes de protección por un global de 800 días.

El Juzgado de Familia Nº5 de San Martín finalmente le otorgó a Alejandra la custodia completa sobre sus hijos y la autorizó a radicarse con ellos en España. Ahora tienen 20, 18 y 14 años. Además, con su nueva pareja tuvo dos hijos, de 8 y 5 años. Todos están atemorizados.

Di Stefano, ya excarcelado, deberá regresar a la Argentina: el próximo 5 de junio comienza un nuevo juicio en su contra, esta vez por amenazas agravadas reiteradas, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e insolvencia fraudulenta justamente para no cumplir con sus obligaciones.

Según los cálculos de Alejandra, su exmarido adeuda 13 millones de pesos en concepto de alimentos.