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Dolores Etchevehere: el 17 se sabrá si va a juicio.

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Dolores Etchevehere enfrentó este martes una audiencia clave en la que se definirá un nuevo capítulo en la causa en la que está acusada del delito de usurpación y desobediencia judicial por haber ocupado, durante una quincena, en octubre de 2020, el campo Casa Nueva, en el Paraje El Quebracho, cerca de Santa Elena, propiedad de Las Margaritas SA, firma que regentea su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

La audiencia ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, comenzó a las 9 y terminó pasado el mediodía sin resolución. El magistrado oyó los argumentos de las partes y dispuso un cuarto intermedio hasta el 17 de junio, a las 17, cuando deberá inclinarse por una u otra postura.

En principio, esta audiencia se había fijado para el 4 de mayo, pero se reprogramó para hoy puesto que el magistrado estaba de licencia. De la audienica participaron los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa; los defensores de Dolores y Taboada, Lisando Mobilia, Patricio Cozzi y Daniel Verón; y los querellantes Rubén Pagliotto y Damián Petenatti. En esta instancia se abordaron los expedientes «Etchevehere Dolores-Taboada Facundo s/ usurpación» y «Etchevehere Dolores s/ desobediencia judicial».

El 4 de junio de 2021, a casi un año de los hechos, los fiscales Sobko y Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y también para el abogado Facundo Taboada.

Por su parte, los defensores pidieron el sobreseimiento de Dolores y Taboada. «Nosotros pedimos la nulidad de la imputación. Entendemos que está mal y difusamente imputado el hecho. Se habla de usurpación, pero no delimitan correctamente. No dicen si estamos hablando de usurpación por intimidación, engaño o clandestinidad. Hay una confusión inmensa. No se ponen de acuerdo entre la querella y la fiscalía respecto de cómo imputar el hecho», aseguró el abogado Mobilia a Entre Ríos Ahora.

«Por un lado, pedimos la nulidad y, por otro, ya que pasamos a un cuarto intermedio, en la audiencia que viene vamos a pedir el sobreseimiento. El juez dijo que va a resolver por escrito tras la audiencia del 17», agregó.

A esta instancia se llega luego de un pleito que inició Dolores a través de sus abogados para apartar a los dos fiscales de la causa, Sobko y Bessa. Pero esa estrategia no prosperó.

El caso se desató de la espectacular ocupación por Dolores junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, del campo Casa Nueva. Ello ocurrió el 15 de octubre de 2020. Sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, más su madre desplegaron movilizaciones multitudinarias para exigir el desalojo hasta que consiguieron que el 29 de octubre de ese año la camarista María Carolina Castagno ordenase el desalojo. El caso siguió luego por el carril de la justicia penal impulsado por  la Fiscalía de La Paz y los abogados de Barbero Marcial.

Acusación

La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009.

No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.

En el escrito elevado por los fiscales al juez, indican que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboada ingresaron a la estancia exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisan que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.

También señalan que “habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.

Luego resaltan que “todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».

El segundo hecho se le imputa sólo a Dolores, y tiene que ver con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29 de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fue detenida.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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