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RADIO UNO SANTA ELENA.

La Caja recuperó más de 160 millones de pesos de jubilaciones depositadas a fallecidos.

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Durante unas dos décadas, la Caja de Jubilaciones depositó haberes previsionales a beneficiarios fallecidos. La maniobra significó un desvío millonario que precipitó la salida del expresidente del organismo, Daniel Elías. Cuestión de Fondo informó cuánto dinero se logró recuperar.

El 17 de septiembre de 2020, revista ANÁLISIS dio a conocer una maniobra de desvío de millones de pesos, ejecutada a través de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Unos meses antes, en julio de ese año, el expresidente del organismo Daniel Elías, presentó su renuncia tras casi 17 años al frente de la repartición.

Con la publicación, la salida de Elías se leyó de otro modo. Se supo que desde las esferas más altas del Gobierno entrerriano, se le exigió explicaciones luego que en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) detectaran irregularidades groseras de su administración.

La obra social encontró un lote de unas 80 personas fallecidas que seguían con la cobertura médica, porque tenían la jubilación activa. El cálculo sobre el desvío fue, en principio, de unos 2,5 millones de pesos mensuales. Lo que significaban unos 30  millones anuales.

Las jubilaciones eran de alrededor de 40 mil pesos, en general, pero se encontraron haberes mensuales mayores a los 140 mil pesos. Se depositaban a personas fallecidas de distintas localidades entrerrianas, por ejemplo, Colón y Federal. Pero muchos correspondían a jubilados fallecidos que percibían en cuentas de Capital Federal, Córdoba y Santa Fe.    

Cuestión de Fondo habló con el actual presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia, el contador Edgardo Scarione, que contó cómo llevan adelante los controles y qué cantidad de dinero lograron recuperar.

“Nosotros, porque soy parte de un Directorio, empezamos a hacer trabajos de contralor que continuamos hasta hoy. Permanentemente damos de baja servicios, a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y acuerdo con el Registro Civil en agosto de 2020, logramos detectar inconsistencia y procedimos. El banco colaboró, más allá que el convenio no es claro para el control, llegamos a acuerdos verbales donde ellos nos informan cuentas y demás y, con cautela, suspendemos jubilaciones hasta que aparece el interesado. En la misma medida se inició un trámite judicial que está en la Justicia y un trámite administrativo que está en Fiscalía de Estado. Estamos atentos a que nos convoquen, lo mismo en la justicia, donde debí prestar declaración hace un año largo”, contó.

Scarione recordó la denuncia pública: “No estaba acá, estaba en Gobernación y se empezó a ver que había personas que hacía muchos años habían fallecido y se les seguía depositando de la Caja. Se recuperó capital en porcentaje mayor al 80 por ciento, no solo de jubilaciones comunes sino del sistema de amas de casa. Recuperamos una cifra importante”. En ese sentido, puntualizó que la cifra solicitada al banco por depósitos  a 185 personas fallecidas es de “$186.900.000 por 185”. “Al 24 de abril de 2022 se recuperó $163.499.075, casi un 85% del total reclamado”. “Hubo gente que aprovechó y, se presume, siguió percibiendo  algún familiar de fallecido ponía la tarjeta y retiraba dinero”, acotó.

Cuando se ventiló la información, se dieron a conocer casos de 2003 y 1997. “Había casos e distintas localidades de la provincia pero también de otras provincias, porque dependemos del organismo nacional que nos envía información. A partir de agosto y gracias a la gestión del gobernador Gustavo Bordet que me puso en contacto con la contadora Victoria Tolosa Paz, que hoy está en el Congreso, aceitamos y recibimos esa información que no es inmediata porque el Sintys recibe información de todas las provincias”. 

Actualmente, hay dos investigaciones administrativas en proceso: una en el Tribunal de Cuentas a cargo de la fiscal Nancy Vinagre y el contador auditor Cristina Firpo; y otra en Fiscalía de Estado. En el TdC hubo advertencias años anteriores, en 2011, 2014 y una reiteración en 2016.

En el Ministerio Público Fiscal (MPF) hay una causa abierta en que, en el último tiempo no registró mucha actividad. Sí se puede decir que se libraron exhortos a organismos públicos requiriendo información.

“En la medida que el banco vio que las cuentas estaban vacías, era porque lo habían cobrado familiares de los fallecidos. Por el alto porcentaje de recupero de capital, se iba depositando, no quiere decir que los muertos cobraban. Quiero advertir que tal vez ahora nos está pasando, en menor medida, pero nos puede estar pasando porque hay provincias que no informan inmediatamente los fallecimientos, capaz pasan 10 meses y no te mandan la información y tampoco la pueden distribuir”, recalcó Scarione.  

Sistema informático

En dos ediciones de revista ANÁLISIS, se informó que desde la Caja se habían comprado insumos informáticos durante la administración de Elías. La adquisición se hizo a Excelcom, empresa liderada por Diego Aníbal Urba. Este último es marido de María José Cuestas y cuñado de Alicia Cuestas, esposa de Carlos Canosa, hermano del ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa. Los tres componían el directorio de la empresa que vendió insumos informáticos a Sidecreer y también a la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Scarione contó que “actualmente la Caja no tiene contratación con esas empresas”. Se sirven de un software propio de gestión. Puntualmente, el contador informó que “en la anterior administración, se compró mediante cotización de precios programas de respaldo y  back  up, no de gestión. Estos últimos se realizan con personal del organismo”.

Situación actual de la Caja

Actualmente, la Caja de Jubilaciones tiene alrededor de 114 mil aportantes; y 59 mil beneficiarios. “Los estudios siempre dicen que debe haber 3 y medio o 4 activos por pasivo. Creo que hay que empezar a analizar este sistema. Tenemos un sistema previsional de unas 100 escalas salariales, con algunos sueldos muy altos y otros muy pequeños. Tenemos haberes que en nominal, son cerca de 1 millón 600 o 1 millón 700 mil pesos. Y sueldos nominales que están en 30 mil pesos. Que son los menos, porque hay un promedio de 101 o 102 mil pesos de haberes, no es un promedio bajo el previsionado de la Caja”, detalló el contador Scarione.

El presidente de la Caja recordó que en el sistema entrerriano están incluidos alrededor de 70 municipios de la provincia, otras reparticiones de la administración pública y organismos descentralizados, entre otros como “algunas empresas como el Banco de Entre Ríos donde nos quedan jubilados y aportantes”.

En cuanto a las modificaciones al sistema, dijo que “cuando muchos hablan de cambiar, hay que analizar la ley entera”. “Tratamos de ordenar administrativamente la Caja, no mejorar la atención o eso también, sino las resoluciones que nos costaron mucho estudio, por ejemplo eliminamos el famoso 3 por 1 en jubilaciones ordinarias especiales”.

Por último, Scarione reconoció que “intenciones -de reforma- hay muchas, proyectos concretos no he visto”. “Siempre digo que acá, indudablemente tenemos algo que hacer. Para el este año, por ejemplo, tenemos presupuestados 32 millones de gastos o déficit, aunque podría ser más”.

Fuente: Análisis.

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