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RADIO UNO SANTA ELENA.

El 7 de abril se conocerá la sentencia en el juicio a la gestión Urribarri.

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Los imputados pudieron expresarse antes del cierre del debate. Cuestionaron la orfandad de pruebas y las violaciones a las normas que regulan el debido proceso y la defensa en juicio, que entendieron, quedaron expuestas en el juicio; resaltaron los daños colaterales a sus entornos personales y apelaron al criterio del Tribunal para que emita una sentencia que haga justicia.

Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Hugo Marso, Gerardo Caruso, Emiliano Giacopuzzi, Corina Cargnel y Pedro Baez, fueron los imputados que decidieron ejercer el derecho a expresar las últimas palabras antes del cierre del proceso al que fueron sometidos, acusados del delito de corrupción. Son cinco hechos sustanciados en un solo juicio por la “conexidad subjetiva” que existiría entre Urribarri, que está imputado en los cinco hechos; Baez, que era ministro de Cultura y Comunicación, que fue acusado en cuatro hechos; y Aguilera, cuñado de Urribarri, y Cargnel, contadora de empresas de las que se sostiene son en realidad propiedad de Aguilera, que lo fueron en dos.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, informó que el jueves 7 de abril a las 8.15 dará a conocer el adelanto de sentencia -primera instancia-. Fuentes judiciales consultadas especularon con que es poco probable que las partes queden conformes y la resolución será materia de apelación.

EL EXGOBERNADOR. En primer término, Urribarri, que fue el que más se explayó, ratificó su inocencia y la de todos los imputados; criticó la falta de pruebas para sostener la acusación, para lo que citó textualmente el presunto reconocimiento que habría realizado la fiscal Patricia Yedro en los alegatos de cierre y echaría por tierra con las acusaciones y lo que consideró un “relato” con el que durante seis años de “machaco permanentemente”.

Criticó que el proceso se llevó adelante “a fuerza de arbitrariedades y violación de garantías que nadie discute”, a lo que añadió una “muy fuerte presión mediática”. Urribarri entendió que durante el proceso y la investigación “no hubo racionalidad, ni objetividad”, lo que habría dejado en evidencia un “sesgo confirmatorio” del Ministerio Público Fiscal que, según entendió, hizo “sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba” que no se correspondiera con aquella “mirada sesgada” que criticó al MPF.

En sentido contrario al alegato de cierre de Fiscalía que dijo que fue difícil colectar pruebas, Urribarri resaltó que durante el debate se produjo prueba, testimonial y documental, “contundentes y excluyentes de cualquier tipo de delito”, y cuestionó que “los fiscales no han hecho ni una mínima mención a esas pruebas y a todas estas declaraciones”. Aludió a un “profundo desconocimiento que tiene el MPF en lo referido al funcionamiento de la Administración Pública”. Así, sostuvo que “eligen desconocer que los actos de gobierno de ninguna manera son judiciables”.

CRÍTICOS. Aguilera también criticó que fue “objeto” de una “construcción jurídica y mediática”, de un “relato construido por un medio y dos o tres seguidores”. Cuestionó lo que consideró “abusos y arbitrariedades” de Fiscalía, que habrían quedado demostrados en la manera en que se realizaron los allanamientos a la empresa TEP SRL, de la que Fiscalía sostiene que, junto a Next SRL, son de su propiedad y no de cuatro testaferros.

Aguilera consideró que “quedó demostrado que hubo más pruebas de la mala investigación que de los hechos que se nos imputaron, hechos que a medida que se iban dando cuenta del funcionamiento de la Administración Pública y de la actividad política, (N de la R: los fiscales) fueron mutando”.

A su turno, Marso -exministro de Turismo, realizó un recorrido por su desempeño en la actividad privada y en la gestión pública. Sostuvo su inocencia y destacó que antes de proponer la realización del Parador de Mar del Plata, se asesoró con los abogados del Ministerio de Turismo. Afirmó que fue para promocionar la actividad turística de la provincia y no supo de nada vinculado con la actividad política partidaria o proselitista.

Caruso, un empresario ligado a medios de comunicación, sostuvo que fue sometido a un doloroso proceso que lo afectó junto a su grupo familiar, con una “acusación absolutamente infundada y carente de pruebas”, y entendió que su defensa, “con argumentos serios y contundentes”, demostró “acabadamente mi inocencia y dejó en claro el vacío de pruebas en mi contra”.

Criticó al MPF porque le negó, durante la instrucción de la causa, la posibilidad que le concedió a Jorge Rodríguez, alias Corcho, que resolvió su situación en el legajo Parador con una Suspensión del juicio a prueba o Probation y el pago de una multa. El imputado resaltó que los propios fiscales destacaron que el modus operandis imputado en el caso de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Rodríguez, y El juego en que andamos, de Caruso, fue el mismo. Así, criticó que en su caso se pidió la pena de cinco años de prisión. Caruso consideró el pedido de pena, que desde el alegato de apertura al de cierre sufrió un incremento, como una clara demostración del “direccionamiento y el afán persecutorio” contra los imputados.

Giacopuzzi también destacó las consecuencias que el proceso ocasionó en su persona y su círculo personal. Manifestó que por aquello “necesito justicia, me he escondido durante seis años, he tenido mucha vergüenza…”, expresó que no le desea a nadie lo que vivió y sostuvo que “hay que tener mucho lomo para aguantar todo esto, me considero inocente y lo que hice durante 18 años es lo que dije en mi declaración”. Finalmente solicitó: “Necesito justicia, volver a ser Emiliano Giacopuzzi, que me devuelvan esa libertad que hace seis años me quitaron”.

Cargnel adhirió a lo que dijo Giacopuzzi. Cuestionó el monto de la pena que se pidió para ella -ocho años de cárcel-, criticó que durante el proceso se violaron sus garantías constitucionales y solicitó: “Quiero que se haga justicia, que a nadie más le pase esto, esto ha sido una clara guerra para saber quién es más poderoso, en el medio quedo yo, una simple trabajadora, una madre, una profesional, esa condena social va ser difícil sacarla, pero confío en que van a saber leer lo que se produjo acá”.

Por último, Baez recordó que siempre se allanó al proceso y colaboró con la investigación. En este sentido, fue el único legislador que no se amparó en sus fueros para eludir la investigación. El ex ministro manifestó su confianza en el debate, lugar en el que entendió se demostró su inocencia, pero criticó que al MPF al decir que “no le interesaba la verdad, nunca la buscó, avanzaron obcecadamente”, en base a “presunciones y prejuicios”, cuando de las investigaciones, según entendió, no surgían elementos para hacerlo.

Baez se refirió a otra causa que se sustancia en su contra por Enriquecimiento ilícito. Así, sostuvo que “lo que importaba era construir el estigma, que también sabían que no alcanzaba”, y recordó que “una línea publicada en el semanario con el cual trabajan (N de la R: en referencia al MPF) bastó para que se abriera una causa de oficio”.

Baez se refirió a su militancia en el Peronismo, aludió a la judicialización de la política ya las consecuencias que genera en la sociedad, y manifestó su “tranquilidad” y su “convicción” de su actuación. Así, afirmó: “Hemos demostrado contundentemente que no hemos cometido delitos”.

Luciana Almada, esposa de Aguilera; su hermano, Alejandro Almada; Maximiliano Sena; Germán Buffa; Gustavo Tortul y Gustavo Tamay, decidieron no hacer uso del derecho a manifestar las últimas palabras, no obstante, de manera escueta, pidieron justicia.

Causas

En un solo debate se juzgaron las responsabilidades de 15 personas acusadas de delitos de corrupción. Se trató de las causa conocidas como Imprentas, Global Means, Solicitada contra los fondos buitres, Spots en la Cumbre del Mercosur y Parador de Mar del Plata. Las dos primeras investigan la cartelización de la publicidad estática en vía pública y el direccionamiento de la pauta publicitaria a empresas de amigos o familiares del ex gobernador. Las tres restantes, el uso indebido de fondos públicos para promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente en 2015. De los 15 imputados sólo 13 comparecieron en esta audiencia. Hugo Céspedes falleció antes del inicio del juicio y se dictará absolución por su deceso. En tanto que el empresario Fernando Montañana, que no pudo asistir a el debate por una grave enfermedad, será juzgado en otra audiencia.

Fuente: El Diario.

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