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RADIO UNO SANTA ELENA.

DISCURSOS DISCRIMINATORIOS Y ACCIONES DISCRIMINATORIAS.

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En estos días escuchábamos las repudiables declaraciones de la Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, diciendo que ya es tarde para recuperar a los estudiantes que abandonaron las escuelas y que los mismos ya estaban perdidos en algún oscuro lugar, que ya no les interesa garantizar el derecho a la educación de esos pibes y pibas. Esas declaraciones generaron el más amplio repudio desde sectores con discursos políticos inclusivos y también de los que trabajamos en educación, justamente dando todo de nosotros por traer a los pibes a las escuelas.

Lo dicho por Soledad Acuña mereció el inmediato repudio porque sus dichos impactan rápidamente en el debate público sobre lo que entendemos por garantía del derecho a la educación, sus declaraciones nos facilitaron entender rápidamente cuáles son sus concepciones sobre educación, sobre inclusión educativa y sobre derecho a la educación, pero además de las declaraciones existen acciones, que, con un poco de análisis, nos permiten ver las mismas concepciones, aunque no se declaren públicamente.

En Entre Ríos existe un hecho en Educación que claramente representa la misma concepción sobre derecho a la educación, que descarta estudiantes porque no los considera importantes, no hay un discurso que defienda esa política discriminatoria, para que no se note, pero las acciones dejan en evidencia la misma concepción política que se visualiza en las declaraciones nefastas de la representante educativa de CABA.

La ley provincial de Educación de Entre Ríos establece en su artículo 43: “El Consejo General de Educación garantizará en escuelas secundarias de adultos el funcionamiento de jardines maternales con el propósito de asegurar la permanencia y egreso de los alumnos y alumnas.”, pero las acciones de los funcionarios que tienen que crearlos, se ajustan mucho más a las declaraciones de Soledad Acuña que a lo que establece la Ley desde el año 2.008.

La responsabilidad es compartida por todo el gobierno provincial, en distintos niveles de decisión y de responsabilidades, un Gobernador que no toma la decisión de cumplir con la ley de Educación en un punto tan sensible para las pibas que son madres y no pudieron terminar su educación secundaria, el Poder Legislativo que no actúa para garantizar el presupuesto para la creación de los jardines, el Poder Judicial, que no actúa exigiendo que se cumpla ley y se respeten los derechos, que incluso han decidido en contra de amparos judiciales que hemos presentado para su creación, la Presidencia del CGE que no exige el presupuesto necesario para cumplir con su mandato, que no levanta la voz, que no hace visible este sufrimiento de las madres que quieren ejercer su derecho a la educación y no lo tienen garantizado y también incluyo a los organismos de defensa de los derechos de la mujer que no ponen este problema en agenda. La Vicegobernadora de la provincia hablaba hace muy poco de un presupuesto que garantice las cuestiones de igualdad de género, aquí un tema fundamental a resolver, las madres, muchas veces solas, con niños a cargo, necesitan completar su educación secundaria, la ley de Educación lo garantiza, las acciones de su gobierno lo impiden, no necesita buscar muchas ideas para armar su discurso, sólo cumplir con la ley.

En el párrafo anterior hablaba de las responsabilidades de todas las jerarquías de los Poderes del Estado, pero por otro lado nos encontramos que a pesar de todas las falencias del gobierno en cuanto a resolver el problema, muchas pibas pueden concurrir es estudiar en escuelas secundarias de adultos siendo madres, aquí debemos decir que ante el incumplimiento del Estado surgen actores de la comunidad educativa para sumar sus esfuerzos, vemos a una gran cantidad de docentes recibiendo niños en clases de adultos y muchas veces llevando actividades para esos niños además de las actividades para los adultos, ver una docente dando clases con un bebé a upa para que su madre pueda escribir es un hecho cotidiano en nuestras escuelas de jóvenes y adultos, ver al resto de los estudiantes ayudando en el cuidado o aceptando la presencia de niños en sus clases es parte de la identidad de las escuelas y la decisión de los y las Directivas de dichas escuelas haciéndose cargo del ingreso de menores, con todos los riesgos, sin seguros y colaborando en su cuidado, es una función no escrita en los roles de esos cargos, pero que tomamos la decisión personal de llevarla a cabo.

La presencia de niños y niñas en escuelas de adultos no es lo correcto, pero es la respuesta de las comunidades educativas ante el incumplimiento del Estado entrerriano, que ya lleva 14 años sin la apertura de los jardines como lo establece el artículo 43 de la Ley Provincial de Educación, poniendo por delante el derecho de las jóvenes madres, sus ganas y necesidad de completar el secundario, cuesta mucho decirles que no pueden traer a sus niños o niñas cuando llegan el primer día y nos cuentan que no tienen otra posibilidad de estudiar que no sea concurriendo con los chicos.

En Entre Ríos existen acciones que son tan nefastas como las declaraciones de la Ministra Soledad Acuña, pero no se exponen en declaraciones, se mantienen ocultas, es por ese motivo que voy traducir esas acciones en una declaración de los responsables del sistema educativo entrerriano, que no lo dicen, pero lo hacen:

“YA NO HAY POSIBILIDAD DE RECUPERAR A ESAS JÓVENES MADRES QUE SE ALEJARON DEL SISTEMA EDUCATIVO Y HOY CIRCULAN POR LOS PASILLOS DE LA MATERNIDAD, DEL HIJOTRÁFICO”

Exigimos que para el inicio del ciclo lectivo 2022 se cumpla con el artículo 43 de la Ley Provincial de Educación y se creen los jardines en las Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos.

Víctor Hutt, Rector Titular de ESA N° 12, Concepción del Uruguay

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